Una batalla legal está sucediendo en el gobierno: ¿Y si la Corte Suprema niega a Biden financiación para la ley de inmigración?
El martes, la Corte Suprema ha cuestionado la autoridad del actual mandatario Joe Biden para implementar prioridades de deportación 2022 en la ley de inmigración. Esta puja tiene larga data, remontando al año pasado cuando dos cortes, una de Texas y otra de Luisiana, demandaron las ideas de la Administración para decidir quiénes son considerados una prioridad a la hora de ser deportados y quienes no.
El objetivo principal de Biden sería destinar los recursos de inmigración sabia y organizadamente. Estas prioridades de deportación estarían orientadas a procesar en primer lugar los casos de personas que tengan un registro criminal serio y que representen un peligro para la seguridad pública. En cambio, aquellas personas que podrían ser deportadas por cuestiones relacionadas a la documentación o a su estatus migratorio, no significarían al gobierno una situación que requiera inmediata resolución.
Las cortes republicanas de Texas y Luisiana que alegaron en contra de estos cambios sostuvieron fuertemente que las nuevas políticas de deportación de Biden y del Departamento de Seguridad (DHS) son ilegítimas y violan las leyes migratorias. Debido a esto, la Corte Suprema niega a Biden los cambios, y el año pasado congeló las nuevas medidas, dejándolas en un limbo legal.
Ahora, nuevamente se reavivó la batalla en el gobierno. Hay muchas cuestiones por discutir, entre ellas, factores financieros, sociales, pero principalmente, políticos. Las luchas bipartidistas están más fuertes que nunca, y la inmigración es un foco común de pelea y desacuerdos.
Los abogados de Jaskot Law te informan en este artículo sobre las disputas en la Corte Suprema, qué sucederá con las prioridades de deportación 2022 y 2023, y mucho más.
La Corte Suprema y sus discusiones internas
Aún es incierto qué sucede dentro de la Corte Suprema, si hay una mayoría a favor o en contra del memorándum de septiembre de 2021 emitido por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en donde son establecidas las pautas de arrestos y deportaciones. Hay mucho por discutir, desde cuestiones financieras hasta políticas, y los rumbos pueden diversificarse ampliamente.
El martes transcurrieron más de dos horas de sesión. Las discusiones tocaron todos los temas y muchos mandatarios hablaron desde sus respectivos puntos de vista. Entre ellos, la procuradora general Elizabeth Prelogar enfatizó en que el Congreso nunca proporcionó los fondos para realizar la detención de todos, lo que hizo que diferentes administraciones creen diversas estrategias para priorizar los limitados recursos. Habló en contra de los estados demandantes, argumentando que la autoridad final en el manejo de recursos debería tenerla el gobierno federal.
Por otro lado, Judd Stone, procurador general de Texas, en representación de Texas y Luisiana, dijo en la Corte que la Administración Biden no podía legalmente implementar las prioridades, debido a que atentan con la ley federal actual. Agregó que las leyes no son discrecionales, sino que son obligatorias, e ir contra ellas es ir contra lo establecido por el Congreso de la Nación.
¿Qué pasará ahora con las políticas de deportación?
Ambas partes son fuertes dentro de la Corte Suprema, y al parecer, el futuro de las prioridades es aún incierto. El estado de Texas ha demandado una y otra vez las políticas que Biden quiso establecer, especialmente aquellas referidas a la inmigración. La batalla ha sido dura, y aún queda mucho por recorrer.
Todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, por lo que nos encontramos a la espera de novedades por parte del máximo tribunal. En Jaskot Law los mantendremos al día, ¡ingresa en nuestro blog de inmigración!
