El DHS anunció las nuevas prioridades de deportación y arrestos que regirán de ahora en adelante. ¿Cómo afecta esto a los inmigrantes?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), comandado por Alejandro Mayorkas, publicó el jueves las nuevas prioridades de deportación que indican a quiénes se les dará prioridad para la aplicación de la ley de inmigración. Las nuevas pautas siguen un conjunto de normas provisionales establecidas por la administración Biden a comienzos de su mandato.
De esta forma, el DHS está volviendo a las medidas de aplicación de la ley de inmigración de la era de Obama basadas en el establecimiento de prioridades para las deportaciones en Estados Unidos en lugar del enfoque más agresivo adoptado bajo la administración Trump. El nuevo enfoque, argumenta Mayorkas, toma en cuenta los recursos limitados del departamento y el hecho de que un no ciudadano removible no debe ser el único fundamento de una acción judicial contra ellos.
Mayorkas se comprometió a publicar las nuevas pautas de deportación después de asumir el mando del departamento a comienzos de año. Al igual que la guía tentativa publicada en febrero, las pautas del jueves se centran en la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza, pero otorgan mayor relevancia a la discreción de los oficiales.
¿Cuáles son las nuevas prioridades de deportación?
Basándose en las nuevas prioridades de deportación, el DHS priorizará a ciertos inmigrantes indocumentados para su arresto y deportación, incluidos los sospechosos de terrorismo, quienes tengan una conducta delictiva grave o personas que han cruzado la frontera ilegalmente recientemente.
Estas pautas no adoptan un enfoque categórico. Exigen una determinación individualizada en cada caso, es decir que se evalúe al individuo, se investiguen los hechos, se comprenda la totalidad de la situación y las circunstancias y luego se determine si el individuo de hecho representa un amenaza a la seguridad del país, dijo Mayorkas a los periodistas el jueves.
Las deportaciones en Estados Unidos estarán ahora “dirigidas”
En el memorando emitido el jueves, Mayorkas escribe que se estima que hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y agregó que No tenemos los recursos para detener, emitir una orden de deportación y expulsar a cada uno de estos no ciudadanos.
Al ejercer discreción para arrestos y deportaciones de inmigrantes, Mayorkas dice que el departamento se guía por el hecho de que la mayoría de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos han sido miembros contribuyentes de comunidades durante años, incluidas personas en el frente que luchan contra Covid-19 y no merecen engrosar la lista de deportados de Estados Unidos.
Las nuevas pautas piden un enfoque dirigido a la aplicación de la ley de inmigración. Por ejemplo, un inmigrante indocumentado sospechoso de terrorismo o espionaje es una prioridad para su aprehensión y deportación, según el memorando. Al igual que alguien que representa una amenaza” actual para la seguridad pública, generalmente debido a una conducta delictiva grave.
Algunos de los agravantes que se establecen en las nuevas prioridades de deportación
Los factores agravantes podrían incluir antecedentes penales graves o el uso de un arma. Mientras tanto, los factores atenuantes podrían ser la edad, la salud mental o una estadía prolongada en los Estados Unidos.
Por otro lado, un inmigrante indocumentado se considera una amenaza para la seguridad fronteriza si es arrestado en la frontera o puerto de entrada intentando ingresar ilegalmente al país o si es arrestado dentro de los Estados Unidos habiendo ingresado ilegalmente después de noviembre de 2020.
Críticas de los defensores de la inmigración a las nuevas pautas
El memorando reconoce que las amenazas a la seguridad pública no serán determinadas por líneas claras o categorías, sino que requiere una evaluación del individuo y la totalidad de las circunstancias, lo cual será ejercido en mayor medida por el oficial a cargo.
Esta discreción fue criticada por los defensores de la inmigración por darle demasiada libertad a los agentes individuales y no establecerse pautas claras que controlen su accionar, dando lugar a que surjan casos de abuso de fuerza y autoridad.
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