¿Cuales son los cambios en la antigua regla de carga pública?
El pasado jueves 17 de febrero el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, anunció que se cambiará la antigua regla de la carga pública que niega la residencia permanente a los solicitantes que reciben prestaciones públicas para hacerla más “justa y humana”.
Como parte de las promesas de eliminar las políticas implementadas por el ex presidente Donald Trump, el actual gobierno de Joe Biden desde marzo del 2021 ha declarado el fin de las antiguas y excluyentes reglas de la carga pública, haciendo ahora que la presentación de las nuevas reglas sea para evitar que la medida sea sometida a impugnaciones legales.
“La regla de carga pública de 2019 no fue congruente con los valores de nuestra nación”, dijo Alejandro Mayorkas en el comunicado del DHS.
De esta manera, bajo la administración Biden, las personas solicitantes tanto de la residencia permanente como de la admisión a los Estados Unidos no se verán afectadas por la carga pública.
¿Qué es la carga pública?
Es una prueba a la que son sometidos los inmigrantes que quieran aplicar para la residencia permanente en los Estados Unidos por primera vez. Básicamente, lo que evalúan los oficiales de inmigración es que el interesado en vivir en el país no hará uso de beneficios públicos en el futuro, es decir, que no se convertirá en una “carga pública”.
Durante el mandato de Donald Trump y como parte de sus objetivos anti inmigración, en el año 2019 el ex presidente reactivó la regla de inadmisibilidad por carga pública. Esto provocó que miles de inmigrantes sin papeles no puedan acceder a la residencia permanente, y que muchas familias deban dejar de recibir prestaciones públicas para ayudar a sus hijos estadounidenses.
Las nuevas reglas
En marzo de 2021, Biden optó por eliminar las viejas reglas establecidas por Trump, restaurando las medidas que se encontraban en vigor desde el año 1999. En esas reglas, no se tomaban en cuenta beneficios públicos como los vales de despensa, los servicios de salud y los vales de transporte. Si un inmigrante hace uso de alguna de esas prestaciones, no se verá afectado por ello a la hora de solicitar la residencia.
Las nuevas reglas que están siendo definidas ahora mismo por Mayorkas y el gobierno demócrata buscan una redefinición de lo que significa la “carga pública”. No habrá ningún tipo de penalización por acceder a prestaciones públicas, y se aboga por que a todas las personas inmigrantes se las trate de forma justa y humana.
Los nuevos parámetros están siendo evaluados por el DHS, y dentro de las nuevas reglas y definiciones se propuso definir la probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento como una probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia.
Por otro lado, no serán marcados como carga los inmigrantes que hagan uso de beneficios de asistencia alimentaria, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico para Niños, casi todos los beneficios de Medicaid, de vivienda y los vales de transporte. A su vez, Alejandro Mayorkas anunció que cualquier tipo de asistencia por desastre incluido en la Ley Stafford, la asistencia por la pandemia por el Covid-19, por créditos, Seguro Social, u otras prestaciones tampoco serán criterios de inadmisibilidad.
Pronto veremos los resultados de estos positivos cambios, aunque primero debe ser publicada en el Registro Federal y estar un período de 60 días en el que será sometida a los comentarios públicos.
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