La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló un fallo de 2020 que había permitido a la administración Trump poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de inmigrantes de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán.
Un tribunal federal de apelaciones decidió el viernes volver a examinar un caso que podría decidir el destino de más de 300,000 inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos por razones humanitarias. Esto deja de lado el fallo que permitía al gobierno revocar su estatus legal temporal.
Una victoria importante, pero parcial
La sentencia del viernes es una victoria, al menos a corto plazo. Los titulares del TPS y sus defensores llevan años instando al Congreso que permita a los inscritos en el programa solicitar la residencia permanente en Estados Unidos.
Aceptando una solicitud de los abogados que representan a los inmigrantes inscritos en los programas de TPS, el tribunal de apelaciones dijo que escucharía el caso una vez más, esta vez «en banc» o con la participación de todos los jueces activos. Sin embargo, no está claro cuándo el 9º Circuito podría volver a pronunciarse sobre el caso.
La administración Trump y su batalla contra los TPS
La decisión es también el último acontecimiento en una complicada batalla legal de años sobre la política del TPS. Esta medida migratoria permite al Departamento de Seguridad Nacional dar protección contra la deportación y permisos de trabajo a inmigrantes de países acosados por guerras, desastres medioambientales u otras crisis humanitarias.
Como parte de sus esfuerzos por recortar las políticas humanitarias de inmigración, la administración Trump intentó poner fin a múltiples programas de Estatus de Protección Temporal. Como argumento, se sostuvo que la autoridad había sido abusada durante mucho tiempo por otras administraciones.
En 2018, un juez federal prohibió a la administración Trump poner fin a los programas de TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. El mismo manifestó, que los funcionarios no habían justificado adecuadamente la decisión, y que las terminaciones planteaban «serias dudas» sobre si derivaban de la animosidad contra los inmigrantes no blancos.
En 2020, un tribunal integrado por tres jueces del Noveno Circuito anuló la sentencia del tribunal inferior, afirmando que los mismos no podían cuestionar las decisiones del gobierno federal sobre el TPS. El tribunal sostuvo también que no encontró un vínculo directo entre los comentarios despectivos del entonces presidente Donald Trump sobre los inmigrantes no blancos y las terminaciones de TPS.
Esa sentencia, sin embargo, nunca entró en vigor porque los abogados que representan a los titulares de TPS pidieron que el caso fuera revisado.
Además, el litigio se conectó con otra demanda presentada contra los esfuerzos de la administración Trump para poner fin a los TPS para Nepal y Honduras. Por su parte el gobierno acordó que no terminaría esas políticas hasta que se le permitiera revocar los programas para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
La presidencia de Biden y un nuevo enfoque
Con la administración Biden, la Casa Blanca adopta un enfoque diametralmente opuesto al adoptado por la administración Trump respecto de los TPS, llegando incluso a extender el programa a otros países en noviembre del 2022.
A partir de 2021 el caso quedó en pausa durante más de un año.Mientras, la administración Biden entablaba negociaciones con los abogados de los titulares del Estatus de Protección Temporal para tratar de llegar a un acuerdo que resolviera el caso, incluyendo la posibilidad de dar a los inmigrantes en cuestión una vía hacia el estatus permanente.
Pero esas negociaciones fracasaron en octubre de 2022. Esto alimentó la preocupación de que los titulares de TPS de los países afectados pudieran perder su estatus legal y verse obligados a abandonar Estados Unidos, o permanecer en el país sin autorización.
La administración también ha anunciado ampliaciones de los programas de TPS para inmigrantes haitianos y sudaneses que viven en Estados Unidos.No obtanteno ha anunciado medidas similares para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Nepal y Honduras, a pesar de las peticiones de los defensores.
Ahilan Arulanantham, el principal abogado que representa a los titulares del TPS, dijo que la administración Biden puede anunciar nuevos programas para estos países para asegurar que el destino de sus clientes no sea dictado por una sentencia judicial.
«Nos complace que el Noveno Circuito haya accedido a reexaminar este caso», declaró Arulanantham. «Pero nunca deberíamos haber llegado a este punto. El presidente Biden tuvo -y sigue teniendo- todas las oportunidades para cumplir su promesa de proteger a la comunidad titular del TPS.»
El programa de Estatus de Protección Temporal no proporciona a sus beneficiarios una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Quienes pierden la protección del TPS pueden ser deportados, a menos que soliciten y obtengan otro beneficio migratorio.
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